El abogado Pablo Torres Barthe ha impulsado un mecanismo legal para exigir mayor transparencia en la administración y destino de la Tasa por Hectárea en municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
En diálogo con Radio Amanecer, explicó que la clave radica en el uso del Acceso a la Información Pública para obligar a los gobiernos locales a rendir cuentas sobre la gestión de estos recursos.
Hasta ahora, muchos propietarios rurales manifestaban su indignación al ver que su dinero se destinaba a rentas generales sin mejoras en la infraestructura vial. Sin embargo, la negativa a pagar la Tasa no encontraba respaldo en la justicia. Ante esta situación, la estrategia planteada por Torres Barthe se centra en solicitar informes detallados sobre los ingresos y egresos de los fondos recaudados en cada comuna.
Las acciones legales ya se han implementado en localidades como Santa Rosa de Calchines, Godoy y Funes, y se encuentran en curso en Luis Palacios, Cayastacito y San Martín Norte.
Lo primero que se requiere a los municipios es la ordenanza de presupuesto, documento que, según el abogado, en muchos casos no está disponible. En ausencia de este, cualquier gasto se considera ilegítimo, ya que no cuenta con la autorización de los representantes del pueblo.
Además, se exige conocer cuánto se recauda por la Tasa, cuáles caminos rurales se mantienen con esos fondos y con qué costos. También se solicita información sobre los gastos generales de la comuna, incluyendo el presupuesto total, el gasto en personal y el monto recibido por coparticipación. Si la comuna no responde, se puede recurrir a la justicia para exigir la presentación de estos datos. En algunos casos, incluso se ha solicitado como medida cautelar que se suspenda el pago de la Tasa hasta que se brinden las explicaciones requeridas.
El abogado destacó que estas acciones han generado un diálogo más serio entre productores y autoridades locales. «Estaban cobrando en lugares donde no había caminos», señaló. Además, enfatizó que no se busca evitar el pago del impuesto, sino garantizar que haya una contraprestación justa y que los montos sean racionales.
Torres Barthe considera que esta iniciativa es «saludable» y «absolutamente legal», ya que promueve la rendición de cuentas y fomenta la transparencia en la gestión pública. «Los productores van de a poco sumándose a esta movida», concluyó, resaltando la importancia de acostumbrar a las comunas a rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
