Ramiro Ramos, del espacio INTEGRAR, expresó la profunda preocupación y rechazo al reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, que había sido aprobada por el Congreso, buscaba brindar respuestas urgentes a los graves problemas de acceso a derechos básicos que enfrentan las personas con discapacidad en todo el país.
“El veto del presidente Javier Milei es un golpe directo a una población históricamente vulnerada”, afirmó Ramos.
“Esta situación no es nueva, pero se ha agravado al punto de volverse insostenible. Ya no queda resto. No hay prestaciones, no hay pagos, y lo poco que se abona no alcanza para garantizar la continuidad de los servicios”.
Ramos advirtió que el transporte adaptado, la educación inclusiva, las terapias y demás prestaciones fundamentales se encuentran en riesgo de desaparecer por completo, ante la falta de financiamiento y políticas públicas que las sostengan. “El gobierno nacional no ha implementado medidas concretas para revertir esta realidad”, denunció.
Además, remarcó que “el Estado sólo se está haciendo cargo de una parte mínima del sistema, mientras que el resto recae sobre los trabajadores y familias”. En ese contexto, el referente de INTEGRAR hizo un llamado a los legisladores nacionales: “Es fundamental que los diputados defiendan los derechos de las personas con discapacidad y reviertan el veto. No podemos permitir más retrocesos”.
El veto presidencial ha generado una fuerte reacción entre organizaciones, prestadores y familiares de personas con discapacidad, que advierten sobre el posible colapso de un sistema que ya se encuentra al límite.
